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quarta-feira, 30 de novembro de 2011

Los militares muertos iban a ser liberados por las FARC


Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lamentaron la muerte de cuatro prisioneros de guerra registrada el pasado 26 de noviembre en el suroriental departamento de Caquetá y responsabilizó al Gobierno de Juan Manuel Santos por estas bajas, pues aseguran que tenían conocimiento de su "inminente liberación unilateral".

"Lamentamos profundamente el trágico desenlace del demencial intento de rescate ordenado por el Gobierno colombiano (...) al tiempo que extendemos nuestro sentimiento de pesar a las familias del sargento Libio José Martínez, el coronel Edgar Yezid Duarte, el mayor Elkin Hernández y el intendente Álvaro Moreno", reza el comunicado.

De acuerdo con las FARC, el Gobierno colombiano estaba en conocimiento de que estos hombres serían liberados, puesto que la información estaba contenida en los documentos y material informático incautado en el departamento de Cauca (suroccidente), donde pereció Alfonso Cano el viernes 4 de noviembre junto a otros militantes de esa organización insurgente, tras varias horas de enfrentamientos con el Ejército.

"Es evidente que tras hacerse a la información, el Gobierno Nacional y el alto mando militar tomaron la determinación de frustrar la gestión humanitaria y sus posibles efectos. Los resultados están a la vista", reclaman las FARC.

En el texto explican que "la (ex) senadora Piedad Córdoba y el prestante grupo de personalidades femeninas de todo el mundo, que nos lo solicitara así en misiva que se hizo pública y fue recibida por nosotros en agosto de 2011, podrán dar fe de la respuesta afirmativa a su petición en carta cuyo contenido ya había sido aprobado por el Secretariado en vida del Camarada Alfonso Cano".

En tal sentido, se ordenó el "traslado de los prisioneros de guerra al posible sitio que se indicaría en su momento" y en consecuencia "la comunicación pública estaba a punto de producirse".

La muerte de Alfonso Cano "no podía frustrar nuestro propósito de propiciar la concreción de un acuerdo de canje de prisioneros de guerra, tal y como él lo concebía", indica el comunicado.

Es por ello, que "el alud de imputaciones contra nosotros no basta para encubrir la felonía de Juan Manuel Santos", enfatiza las FARC.

"Catorce años no fueron suficientes para que la oligarquía colombiana se condoliera un instante por la suerte de los soldados y policías que entregan su vida, su integridad o su libertad por defenderles sus inmensas fortunas", denuncian en el texto, señalando además que "cerca de ochocientos guerrilleros revolucionarios y más de siete mil quinientos luchadores sociales, son sometidos a infamantes tratos en las mazmorras del régimen y del imperio".

Ante esta situación, "dialogar sobre un acuerdo que permita el canje de prisioneros y abra las compuertas a la paz es una necesidad histórica por la que clama Colombia" concluye la misiva.

En una misiva dirigida a la organización Colombianos y Colombianas por la Paz, las FARC afirmaron que sí liberarían a los prisioneros.

No obstante, solicitaban también que se tomara en cuenta "a los guerrilleros presos. Son alrededor de 800".

"El dolor no es solamente de los familiares de los prisioneros en nuestro poder. El humanitarismo debe mirar, siempre, con sus dos ojos. En sana lógica, un acuerdo de paz en Colombia debiera estar antecedido por un canje de prisioneros entre las partes contendientes porque, sin duda, un evento tal allanaría la senda del entendimiento y el fin de la guerra, del conflicto social y armado que se prolonga por seis décadas por la intransigencia estéril de los gobiernos", señala la carta.

Subrayó que "se debe poner punto final a una larga historia de violencia institucional, de despojo violento, de paramilitarismo, desapariciones forzadas, masacres, 'falsos positivos', fosas comunes, exclusión, imposiciones neoliberales y manipulación de la opinión. A las mujeres pacifistas del mundo representadas en ustedes les pedimos actuar y extender sus manos solidarias hacia el pueblo de Colombia".


Fuente - Comitê de Solidariedade ao Povo Colombiano

sexta-feira, 5 de agosto de 2011

REPUDIO TOTAL A LA VISITA DEL PRESIDENTE COLOMBIANO JUAN MANUEL SANTOS A LA ARGENTINA


JUAN MANUEL SANTOS llega a la Argentina como parte de una serie de visitas protocolarias con la finalidad de impulsar la política neoliberal de comercio exterior que responde a sus intereses como empresario y al mismo tiempo para exponer las nefastas Ley de Justicia y Paz y Ley de Restitución de Bienes, que encubren la represión y violación de DDHH y el impulso del Estatuto Antiterrorista.

Este personaje procede del sector oligárquico que históricamente ha mantenido el control del Estado colombiano y de los principales recursos del país. El presidente Santos intenta mostrarse como un progresista que rompe con las políticas autoritarias y genocidas de su antecesor Álvaro Uribe Vélez, pero en realidad toda su política de gobierno está al servicio del neoliberalismo y el imperialismo para continuar con el saqueo de los recursos del pueblo colombiano. Santos fue ministro de comercio y economía durante los gobiernos neoliberales de los años 90, luego se desempeñó como ministro de defensa del gobierno de Uribe Vélez, donde se perpetraron hechos condenables; baste mencionar el asesinato de más de 2.000 jóvenes desempleados presentados como guerrilleros muertos en combate y el bombardeo a territorio ecuatoriano en marzo de 2008.

El gobierno de Santos reafirma el acuerdo bilateral entre Colombia y EEUU denominado “PLAN COLOMBIA”, que ha dejado como resultado en sus once años de operaciones un gasto de 5 mil millones de dólares, el fortalecimiento de los grupos narcoparamilitares y un panorama humanitario bastante devastador. A esto se suma la instalación de 7 bases militares estadounidenses en territorio colombiano (además de otras 2 ya existentes), con la función de acrecentar el desplazamiento forzado de la población y el vaciamiento del territorio en pos de los grandes negocios agrícolas, además de proyectar el control estratégico del Caribe, el Pacífico y la Amazonía, justo cuando se reactiva la IV Flota y han aumentado las tensiones entre Washington y los nuevos procesos sociales y políticos de la región. Esta situación constituye una amenaza latente para toda Latinoamérica.

Hoy por hoy el gobierno colombiano se consolida como uno de los líderes de las iniciativas gubernamentales latinoamericanas, influyendo con fuerza en la agenda regional y constituyéndose en la punta de lanza de la ofensiva imperialista para todo el continente. Ejemplos de esto es su total apoyo a tratados de libre comercio con EEUU y Europa; su alianza con el presidente chileno Sebastián Piñera, para fortalecer la ola neoliberal a partir del modelo económico de Grecia; y la asesoría que recibe de Domingo Cavallo, ex ministro de economía del gobierno de Menem.

Hacemos un llamado al pueblo argentino y a los pueblos del mundo a solidarizarse con el pueblo colombiano, víctima de prácticas genocidas del terrorismo de Estado, evidenciado en las cifras arrojadas por el Informe del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH: 57.200 personas desaparecidas y 4.9 millones de desplazados(as) internos(as) en los últimos 20 años, 7.500 prisioneros(as) políticos(as), 20 millones de personas en situación de pobreza y 8 millones en situación de indigencia.


¡REPUDIAMOS EL TERRORISMO DE ESTADO EN COLOMBIA!
¡EXIGIMOS LA SOLUCIÓN POLÍTICA DEL CONFLICTO SOCIAL Y ARMADO EN COLOMBIA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ CON JUSTICIA SOCIAL!

Campaña Permanente por la Libertad de lxs Prisionerxs Políticxs Colombianxs, Capítulo Cono Sur
Colombianos y Colombianas por la Paz, Capítulo Argentina
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia – MOVICE, Capítulo Argentina
Organización de DDHH Semilla y Memoria, Capítulo Argentina
Polo Democrático Alternativo, Capítulo Argentina

quarta-feira, 27 de abril de 2011

COLOMBIA Libertad para el periodista Joaquín Pérez Becerra!!!


COLOMBIA
Libertad para el periodista Joaquín Pérez Becerra!!!

Comunicado a la Opinion Pública Mundial

Los partidos políticos, organizaciones sociales, cívicas, culturales y demás abajo firmantes
con presencia y actividad en Suiza considerando que :

a).-El día sábado 24 de Abril del presente año, fue detenido en el aeropuerto Maiquetía
de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el periodista Joaquín Pérez Becerra,
nacido en Colombia y que llegó a Suecia, con aval de la Unión Patriótica (UP) y el Partido
Comunista Colombiano (PCC), partidos de los cuales fue concejal en el Municipio de
Corinto, Departamento del Valle del Cauca, y que en calidad de refugiado político desde hace
más de 20 años en Suecia, renunció a la nacionalidad colombiana y en la actualidad ostenta la
nacionalidad sueca.

b).-Que Joaquín Pérez Becerra, como ciudadano sueco, junto con otros reconocidos
periodistas coordinan la pagina de noticias alternativas ANNCOL que tiene su sede en Suecia
y es publicada con la anuencia del gobierno de ese país.

c).-Que Joaquín Pérez Becerra no es un terrorista.,ni siquiera un miembro de las FARC como
los organismos de inteligencia y el gobierno de Colombia se lo quieren hacer creer al país y al
mundo, en desarrollo de la demonización para castigar a los críticos y opositores del régimen
colombiano y eliminarlos fisicamente.

d).-Que el gobierno de Colombia lo acusa de pertenecer a las FARC, como lo hace con
tanta gente. Una vez más, la "prueba" está en los computadores de Raúl Reyes, Lámpara de
Aladino que ha servido para señalar a personas del país y del exterior, inclusive a gobiernos
como es el caso del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, de la República Bolivariana de
Venezuela.

e).-Que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela violando todos los acuerdos
internacionales incluido los de asilo, entregó al periodista Joaquín Pérez Becerra a las
autoridades colombianas, en calidad de deportado, sin tener en cuenta que no es nacional

colombiano sino sueco y que le negó la defensa mediante la visita de abogados a su lugar de
retencion.

f).-Que la vida del periodista Pérez Becerra corre serio peligro, porque en Colombia
es un país donde no hay garantías para la integridad y la seguridad de los luchadores
revolucionarios y menos para un juicio jurídico serio e imparcial.

Teniendo en cuenta los anteriores considerandos nos permitimos:

1.- Protestar enérgicamente contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela,
con cuya revolución somos enteramente solidarios, pero la actitud incoherente del presidente
Hugo Chávez, ante el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos y violatoria de todo
derecho de gentes, al no permitirle al ciudadano y periodista Colombo-Sueco, Joaquín Pérez
Becerra, siquiera la presencia de abogados y el derecho a la defensa se ha convirtiéndo
en una afrenta contra el pueblo colombiano. Asi mismo exigimos de una vez por todas
del gobierno Venezolano claridad y seguridad juridica, ante la posibilidad que a futuro el
gobierno colombiano exiga la entrega de centenares de colombianos exiliados y refugiados
que hoy viven en Venezuela legalmente y que son perseguidos en Colombia, o cualquier otro
ciudadano colombiano exiliado en otro pais que llegue en transito a Venezuela.

2.- Urgimos al gobierno Sueco para que mediante su representación diplomática en Bogotá
asuma de manera pronta y solidaria con su nacional sueco, Joaquín Pérez Becerra, las
medidas jurídicas legales pertinentes para su defensa y solicitud de pronta libertad sano y
salvo ante el gobierno colombiano y requiera la protección correspondiente a salvaguardar su
vida. E igualmente se defienda el derecho a la libre información por parte de los periodistas en
el mundo.

3.- Llamamos a la solidaridad mundial, democrática y revolucionaria para estar atentos y
hacerle seguimiento a este caso hasta lograr la libertad del periodista Joaquín Pérez Becerra
y alertamos a los gobiernos, partidos y organizaciones democráticas del mundo a denunciar
las actividades de los organismos de inteligencia policial y militar colombiana los cuales
junto con los narco-paramilitares y sicarios vienen haciendo presencia efectiva en muchos
países latinoamericanos y de Europa apoyados por las embajadas colombianas con el fin
de amenazar, perseguir, encarcelar y atentar contra centenares de refugiados políticos y
opositores al régimen colombiano acusándoles de terroristas, como en este caso el del
periodista colombo-sueco Joaquín Pérez Becerra.

Libertad inmediata para Joaquín Pérez Becerra !!!!!

No es terrorista, tampoco es de las FARC !!!

POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO- SECCIONAL SUIZA

Teatro vuelvo al Sur-Berna-Suiza

Parti du Travail Suisse-Genève

Jeunesse Communiste Suisse

Frente de Acciones por Colombia - Breites Bündnis für
Kolumbien-Alemania.

latinoamerica del siglo 21 Zurich-Suiza

Omar Estupiñan secretario de grupo hispanolatinoamericana UNIA
region Zùrich-Schafaussen-Suiza

sábado, 18 de dezembro de 2010

El asesinato de civiles era algo habitual en el ejército de Uribe

Público.es

El asesinato de civiles era algo habitual en el ejército de Uribe

El general que investigó los "falsos positivos" en Colombia reveló al embajador de EEUU que era un "fenómeno generalizado". Wikileaks destapa las presiones de la cúpula militar para ocultarlo

ISABEL COELLO MADRID 19/12/2010 00:15
El entonces presidente colombiano, Álvaro Uribe, saluda al comandante del Ejército, general Óscar González, en una ceremonia en 2008. - AFP

El entonces presidente colombiano, Álvaro Uribe, saluda al comandante del Ejército, general Óscar González, en una ceremonia en 2008. - AFP

Las ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por miembros del Ejército colombiano que luego presentaban a sus víctimas como guerrilleros muertos en combate para inflar las cifras los llamados "falsos positivos" no eran un crimen aislado y puntual en la Colombia de Álvaro Uribe, sino un "fenómeno generalizado". Así lo admitió ante el embajador estadounidense, William Brownfield, el general designado por el Ministerio de Defensa para investigar dichos crímenes, según revelan los cables de Wikileaks.
En un despacho diplomático titulado Iniciativas de derechos humanos encuentran resistencia en militares, Brownfield comenta lo que le ha contado el general de división Carlos Suárez, nombrado inspector general por el entonces ministro de Defensa y hoy presidente colombiano, Juan Manuel Santos, para investigar esos crímenes.
De acuerdo con el relato del embajador, Suárez no duda en calificar las ejecuciones extrajudiciales de "fenómeno generalizado" y subraya que el entonces comandante del Ejército, el general Óscar González, se opone a su investigación y ha "tratado de intimidar a testigos para que no declaren".

Indigentes y discapacitados

El escándalo comenzó cuando 15 jóvenes de Soacha, localidad en la periferia de la capital, Bogotá, desaparecieron tras ser convencidos de que un trabajo les aguardaba en otro departamento del país. Tras meses de angustia, sus cadáveres aparecieron en regiones remotas, vestidos como guerrilleros o con armas en la mano. Poco a poco fueron conociéndose casos similares al de Soacha, con un patrón idéntico: jóvenes en paro, indigentes o discapacitados mentales desaparecían para pasar a engrosar luego las listas de supuestos "guerrilleros" abatidos por el Ejército. Según las organizaciones de derechos humanos, hay más de mil casos de falsos positivos.
"Uribe sigue midiendo el éxito militar en términos de muertos"
En el encuentro que relata el cable diplomático, Suárez le dice al embajador de Estados Unidos que Uribe "continúa midiendo el éxito militar en términos de muertos", y cree que la insistencia por parte de algunos mandos militares en usar el número de cadáveres como medida de éxito es la causa de los falsos positivos.
Para el inspector general militar, ello "no sólo mina la legitimidad del Ejército, sino que crea una falsa ilusión de éxito y, como resultado, los falsos positivos han hecho que se desvíen fondos y atención de la lucha principal contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)".
El relator de la ONU Philip Alston estima que fue "la presión por mostrar resultados" la que originó el fenómeno de los falsos positivos, combinada con los incentivos y recompensas por la captura o abatimiento de miembros de grupos al margen de la ley que estableció un decreto ministerial de 2006. El índice de impunidad para estos crímenes es del 98,5%, según el informe final de Alston, publicado el pasado marzo. "Los soldados simplemente sabían que podían librarse, aunque cometieran un asesinato", señala Alston.

El apoyo de Santos

El general Suárez explicó al embajador que los falsos positivos de Soacha tuvieron su origen en la Brigada 4ª, en Medellín, que estaban bajo el mando del ex comandante del Ejército Mario Montoya y del entonces comandante, Óscar González. La práctica se extendió posteriormente a otras brigadas y comandos, incluido el Comando Conjunto del Caribe.
Suárez dice tener el apoyo del entonces ministro Juan Manuel Santos para sus investigaciones, así como el del comandante de las Fuerzas Armadas, Freddy Padilla, pero no el de otros altos mandos militares. Es más, muchos ponen abiertamente trabas a su trabajo. "El jefe del Ejército, Óscar González, ha tratado de limitar los recursos de su oficina escribe el embajador, ha transferido personal que tenía asignado yha reducido sus guardaespaldas".
El general Óscar González intimidó a testigos para que no declarasen 
Suárez admitió al embajador estadounidense que su familia había recibido amenazas indirectas debido a su trabajo.
Como inspector general, Suárez tenía una potestad administrativa, no penal ni disciplinaria, y tan sólo podía hacer recomendaciones al comandante del Ejército o al ministro de Defensa. En el caso de un batallón, el de Popa, que él investigó por presuntos crímenes cometidos en la región del César, Suárez recomendó la expulsión de 28 militares. Sólo 11 fueron destituidos por el comandante González.
El inspector descartó que sus investigaciones sobre estas violaciones de derechos humanos tuvieran como efecto "desanimar" a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la guerrilla de las FARC. Las unidades militares que mayores éxitos han cosechado contra los guerrilleros, recalcó, no estuvieron implicadas en los falsos positivos.

Una sangría de 51.000 personas


Sin rastro
La cifra de personas cuyo rastro se ha perdido en Colombia durante las últimas décadas asciende a 51.000, según el estudio ‘Rompiendo el Silencio: en busca de los desaparecidos en Colombia’, efectuado por el Grupo de Trabajo para América Latina y la Oficina para Colombia de EEUU.


Desapariciones forzosas
El informe calcula que, dentro de la cifra total de colombianos cuyo paradero se desconoce, al menos 32.000 han sido víctimas de desapariciones forzosas cometidas por guerrillas, paramilitares o miembros de los cuerpos de seguridad.


Colombia bate el récord
Estas cifras colocan a Colombia a la cabeza de este tipo de crímenes en todo el mundo, por delante de las terribles dictaduras chilena y argentina de los años 70 y 80.