quarta-feira, 30 de novembro de 2011

Los militares muertos iban a ser liberados por las FARC


Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lamentaron la muerte de cuatro prisioneros de guerra registrada el pasado 26 de noviembre en el suroriental departamento de Caquetá y responsabilizó al Gobierno de Juan Manuel Santos por estas bajas, pues aseguran que tenían conocimiento de su "inminente liberación unilateral".

"Lamentamos profundamente el trágico desenlace del demencial intento de rescate ordenado por el Gobierno colombiano (...) al tiempo que extendemos nuestro sentimiento de pesar a las familias del sargento Libio José Martínez, el coronel Edgar Yezid Duarte, el mayor Elkin Hernández y el intendente Álvaro Moreno", reza el comunicado.

De acuerdo con las FARC, el Gobierno colombiano estaba en conocimiento de que estos hombres serían liberados, puesto que la información estaba contenida en los documentos y material informático incautado en el departamento de Cauca (suroccidente), donde pereció Alfonso Cano el viernes 4 de noviembre junto a otros militantes de esa organización insurgente, tras varias horas de enfrentamientos con el Ejército.

"Es evidente que tras hacerse a la información, el Gobierno Nacional y el alto mando militar tomaron la determinación de frustrar la gestión humanitaria y sus posibles efectos. Los resultados están a la vista", reclaman las FARC.

En el texto explican que "la (ex) senadora Piedad Córdoba y el prestante grupo de personalidades femeninas de todo el mundo, que nos lo solicitara así en misiva que se hizo pública y fue recibida por nosotros en agosto de 2011, podrán dar fe de la respuesta afirmativa a su petición en carta cuyo contenido ya había sido aprobado por el Secretariado en vida del Camarada Alfonso Cano".

En tal sentido, se ordenó el "traslado de los prisioneros de guerra al posible sitio que se indicaría en su momento" y en consecuencia "la comunicación pública estaba a punto de producirse".

La muerte de Alfonso Cano "no podía frustrar nuestro propósito de propiciar la concreción de un acuerdo de canje de prisioneros de guerra, tal y como él lo concebía", indica el comunicado.

Es por ello, que "el alud de imputaciones contra nosotros no basta para encubrir la felonía de Juan Manuel Santos", enfatiza las FARC.

"Catorce años no fueron suficientes para que la oligarquía colombiana se condoliera un instante por la suerte de los soldados y policías que entregan su vida, su integridad o su libertad por defenderles sus inmensas fortunas", denuncian en el texto, señalando además que "cerca de ochocientos guerrilleros revolucionarios y más de siete mil quinientos luchadores sociales, son sometidos a infamantes tratos en las mazmorras del régimen y del imperio".

Ante esta situación, "dialogar sobre un acuerdo que permita el canje de prisioneros y abra las compuertas a la paz es una necesidad histórica por la que clama Colombia" concluye la misiva.

En una misiva dirigida a la organización Colombianos y Colombianas por la Paz, las FARC afirmaron que sí liberarían a los prisioneros.

No obstante, solicitaban también que se tomara en cuenta "a los guerrilleros presos. Son alrededor de 800".

"El dolor no es solamente de los familiares de los prisioneros en nuestro poder. El humanitarismo debe mirar, siempre, con sus dos ojos. En sana lógica, un acuerdo de paz en Colombia debiera estar antecedido por un canje de prisioneros entre las partes contendientes porque, sin duda, un evento tal allanaría la senda del entendimiento y el fin de la guerra, del conflicto social y armado que se prolonga por seis décadas por la intransigencia estéril de los gobiernos", señala la carta.

Subrayó que "se debe poner punto final a una larga historia de violencia institucional, de despojo violento, de paramilitarismo, desapariciones forzadas, masacres, 'falsos positivos', fosas comunes, exclusión, imposiciones neoliberales y manipulación de la opinión. A las mujeres pacifistas del mundo representadas en ustedes les pedimos actuar y extender sus manos solidarias hacia el pueblo de Colombia".


Fuente - Comitê de Solidariedade ao Povo Colombiano

segunda-feira, 7 de novembro de 2011

El Controvertido Comercio de Armas Español, un Negocio Secreto 2001 - 2010


Centro Delàs de Justícia i Pau


Las exportaciones españolas de material de defensa de 2010 han ascendido a 1.128€ millones, un 16% inferior a las de 2009 y un 388% superior respecto de 2001. Este año, el Estado español se ha situado en la novena posición en el ranking mundial de países exportadores de armamento, alcanzando el 2% del total mundial y el 0,6% del total de la balanza comercial española. Cada día España exporta 3 millones de euros en armas, muchas de ellas a países en conflicto armado o donde se violan los Derechos Humanos.

En el período 2001-2010, el 74% de las exportaciones de material de defensa español corresponde a aeronaves militares (36%), barcos de guerra (28%), a equipos de formación de imagen o contramedida (10%), bombas, cohetes, torpedos, misiles (7%), combustibles y explosivos militares (7%) vehículos todo terreno militares (6%), equipos electrónicos (2%), municiones y componentes (2%), equipo lógico (software) de uso militar (1%) y armas de fuego (2%). Las exportaciones de armas cortas y ligeras fueron en 2010 un 96% superiores a las de 2001, ascendiendo a 173,03€ millones de euros. Las transferencias españolas de productos y tecnologías de doble uso (con un probable uso militar) alcanzaron los 97,3 millones de euros. 

Armas españolas a conflictos armados, con graves tensiones y donde se violan los derechos humanos

A pesar de que durante el año 2010 los principales mercados españoles son los países que forman parte de la OCDE con el 70% de las exportaciones (788€ millones) y los países que forman parte de la OTAN con el 52% (589€ millones), España ha exportado armas a países que estaban en conflicto armado en el mismo momento de realizar la transferencia de armamento, como es el caso de República Centroafricana, Chad, Filipinas, Colombia, Turquía, India y Pakistán; o en seria situación de tensión con altas probabilidades de estallar en conflicto armado, como Israel, Túnez, Egipto, Venezuela, Indonesia o Irán. España ha vendido armas a numerosos países donde se vulneran los Derechos Humanos, entre los que destacan los casos de China, Arabia Saudí, Guinea Ecuatorial o Irán. Además las exportaciones españolas de productos y tecnologías de doble uso han tenido como destinos lugares tan cuestionables como Irán, Costa de Marfil, Irak, Argelia y Etiopía. El hecho de que el Estado español haya exportado en el año 2010 armas a países en conflicto armado o donde se vulneran los derechos humanos, representa un claro y evidente incumplimiento de la legislación vigente en materia de exportación de armas por parte del Gobierno español, según lo contemplado tanto en la Ley de Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso 53/2007, como en la Posición Común 2008/994/PESC. Además, muchas de las exportaciones de armamento español las desconocemos por ser calificadas como secreto de Estado, por lo que la vulneración de la legislación española e internacional sobre comercio de armas es muy probablemente mayor que la aquí expuesta. 

Pocas denegaciones de exportaciones de armamento

Aunque es positivo que el Estado español haya denegado en 2010 algunas exportaciones de material de doble uso a Irán, Jordania, Pakistán, Siria, Sudán y Yemen por el riesgo de desvío para la producción de armas de destrucción masiva, estas denegaciones resultan totalmente insuficientes vista la larga lista de países a los que España debería haber denegado la venta de armamento por encontrarse en conflicto armado, en situación de tensión o de vulneración de los Derechos Humanos. ¿Contribuye España a la privatización de la guerra?

En relación a las exportaciones de armamento español para uso privado, el 70 y el 90% pertenecen a la categoría 4 de exportación de armas, que incluye bombas, torpedos, cohetes, misiles y granadas, entre otros. La falta de transparencia en el comercio de armas español nos obliga a preguntarnos acerca del tipo de empresas al que están llegando este armamento, que de ser empresas militares y de seguridad privadas, como las que participan en la guerra de Irak, Afganistán y otros conflictos armados, supondría que España estaría contribuyendo a la privatización de la guerra.